Escrito por Rachael Goldberg, traducido por María Sánchez Esteban
El 20 de Abril del año 2010, el mundo fue testigo del mayor derrame de petróleo en la historia de la industria de hidrocarburos, cuando la estación Deepwater Horizon derramó 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México.
Ocho años tras este devastador desastre, la Oficina para la Administración de Energías del Océano (BOEM por sus siglas en inglés), bajo el mandato del Departamento del Interior de Estados Unidos, está desarrollando un nuevo programa de arrendamiento para la extracción de petróleo y gas. Este nuevo plan de Trump espera poner al alcance de la industria petrolera la mayor parte de la costa Estadounidense y reemplazaría el plan para el periodo entre 2017 y 2022 creado por la administración de Obama, el cual retiraba por completo la costa del Atlántico, pero aún incluía parcelas en el Golfo de México y la costa de Alaska. Este proyecto pone bajo amenaza a comunidades costeras, a pescadores, a la vida marina y al clima, para beneficiar a (¡sorpresa!…) las Grandes Corporaciones Petroleras. El cuatro de enero del 2018, se publicó el primero de tres borradores para el Programa de Arrendamiento del Petróleo y Gas. Esta publicación fue seguida por un periodo de 60 días para la pronunciación de comentarios. El primer periodo finalizó el nueve de marzo del 2018 y el siguiente periodo tomará a lugar este mismo año antes de la publicación del último borrador.
Gobernadores en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware,Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida se han pronunciado en contra de la apertura de la costa a la explotación de hidrocarburos. Solo el gobernador de Maine, LePage, ha expresado abiertamente su apoyo al proyecto de Trump. El único estado en vistas de ser exento por el secretario Zinke (por ahora) es Florida, debido a los lazos del gobernador conservador Rick Scott con el gobierno federal. Esta declaración ha motivado una ola de voces en oposición preguntandole a Zinke porqué las playas de Florida gozan prioridad ante las costas del resto de estados. Existe poco apoyo a esta decisión. Medioambientalistas, recreacionistas y trabajadores de la industria turística y la industria pecadora se oponen al desarrollo petrolero en las costas. El devastador impacto de un derrame sería social, medioambiental y económico pero esto no ha detenido el desarrollo de infraestructura en el pasado. De hecho, en el 2014, cuando el Departamento del Interior redactó la declaración sobre los impactos medioambientales de la extracción de hidrocarburos en el Ártico, encontraron un 75 por ciento de posibilidad de derrame y aún así continuaron a apostar por el proyecto.
La promesa de Trump y de Zinke, de que la extracción de hidrocarburos traerá prosperidad económica y la creación de empleos, es exagerada y absurda. Según un reporte del Proyecto de Vigilancia Gubernamental (POGO por sus siglas en inglés), las compañías rara vez compiten por permisos (el 76% de las parcelas en el mar reciben solo una oferta) y en el Golfo de México el precio promedio por hectárea ha bajado de $9,068 a $391, una disminución del 95.7% desde 1983. La extracción de hidrocarburos en alta mar es una catástrofe medioambiental que llena de dinero los bolsillos de las cabezas de la industria petrolera. Los impactos de un derrame y las implicaciones que la explotación de combustible fósiles tiene con el cambio climático, la pesca y otros empleos dependientes de los mares, tendrían que ser suficientes para detener la perforación del lecho marino en lugar de seguir fingiendo que estos proyectos pueden conducir a cualquier tipo de beneficio para gente fuera de la industria de hidrocarburos.
No hay duda de que seremos parte de una batalla formidable en los meses que vienen conforme avance el plan para extraer hidrocarburos de los mares en las costas de Estados Unidos. Si queremos mantenernos bajo 1.5° centígrados o incluso bajo 2° centígrados, la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles del mundo tiene que permanecer sin desarrollar. No es el momento de instalar nueva infraestructura para combustibles fósiles, es momento de hacer una transición rápida y justa hacia energías limpias para asegurar un mundo en el que poder vivir.